Negociados
Otro escándalo de tintes pintorescos que conmovió a la llamada “Década
Infame”
fue el de los niños cantores de
la Lotería Nacional. Todo comenzó una tarde de junio de 1942, cuando un grupo
de niños cantores se reunió en el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón.
Allí, uno de ellos comentó que conocía a un oficial tornero, que podría
fabricar una bolilla de madera idéntica a la utilizada en los sorteos oficiales
de la lotería que podría ser cambiada por ellos en el momento del sorteo para
obtener el premio mayor. El resto de los compañeros se mostraron interesados en
la idea y el proyecto se concretó durante el sorteo del 24 de julio de 1942,
cuando salió el número 31.025 beneficiado con la suma de 300.000 pesos,
comprado por los "niños cantores". Pero la indiscreción de algunos de
ellos, que comentaron a novias y amigos su plan, los llevó a la perdición,
porque no fueron los únicos beneficiarios y comenzó a correrse la bolilla por
todo el país, al punto tal que, al día siguiente, el diario
Crítica
publicó como título catástrofe la noticia: "El 025, número anticipado
desde ayer, salió con la grande".
La cámara de diputados, ante la sospecha de que los "niños" no
estaban solos formó una comisión presidida por el Dr. Rodríguez Arraya, para
investigar a la Lotería Nacional. La comisión solicitó y obtuvo la
interpelación de ministros y funcionarios y demostró graves irregularidades en
el funcionamiento del organismo oficial que iban desde el uso de bolillas de
distinto peso a maniobras con los billetes ganadores no cobrados en término por
sus beneficiarios. También se demostró que entre la larga lista de compradores
del 31.025 había jueces, concejales y ex ministros. De todas maneras, los
únicos sancionados fueron los niños cantores que recibieron penas de tres a
cuatro años y los casuales compradores del 31.025, que seguían ese número por
pálpito o costumbre, que se quedaron sin cobrar su premio porque el sorteo fue
anulado.
Pero quizás el negociado que trajo consecuencias políticas más graves fue el
de la venta de las tierras del Palomar vecinas al Colegio Militar.
En mayo de 1934, la señora María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y
su hermana María Luisa intentaron infructuosamente venderle al estado un campo
de 23 hectáreas en el Palomar, por entender que podría ser de interés del
Ministerio de Guerra para ampliar las instalaciones del Colegio Militar. La
operación no se concretó porque las damas pedían un peso por metro cuadrado y
los peritos oficiales dictaminaron que no debía pagarse más de 19 centavos.
Fracasada la operación, en septiembre de 1937, las señoras retiran su terreno
de la venta y se lo comunican al Director General de Ingenieros, general Juan
Bautista Molina. A los pocos días, el 22 de septiembre de ese año las
propietarias firman un contrato privado de compraventa con el señor Néstor Luis
Casás, por el cual le vendían el campo a 0,65 pesos el metro cuadrado,
estableciéndose un plazo de 120 días para concretar la escrituración.
Ese mismo día el señor Casás se presentó por intermedio de su apoderado, el
señor Jacinto Baldaserre Torres, a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de
Diputados, ofreciendo en venta el campo a 1,10 pesos el metro cuadrado. La
comisión llamó a los generales Molina y Pretiñe, quienes, sin conocer el precio
pedido, aconsejan la compra hasta un valor máximo de 1,10 pesos el metro
cuadrado. El 11 de enero de 1939 el presidente Ortiz firma el decreto 21.683
autorizando la compra al valor indicado.
Baldaserre obtuvo además un permiso especial del Ministerio de Guerra para
que la operación se hiciera en forma simultánea y en tres pasos sucesivos. El
24 de abril se produjo el negocio en La Plata: En primer lugar, el gerente del
Banco Nación, sucursal La Plata, declaró cancelada la hipoteca que gravaba la
propiedad de las señoras Herreras Vega. A continuación las señoras vendieron el
campo de El Palomar a Néstor Luis Casás en la suma de 1.450.000 pesos y
finalmente Casás le vendió al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de
2.450.000 pesos. El pago se hizo en orden inverso a la firma de las escrituras,
de manera tal que el gobierno pagó en primer término a Casás; Casás, a las
damas, y éstas cancelaron su hipoteca de 723.000 pesos al Banco Nación. En
síntesis, Casás ganó un millón de pesos sin poner un centavo. ¿Cómo fue esto
posible? Eso se preguntó el senador Benjamín Villafañe y creó una comisión
investigadora. Se demostró que, a poco de concretarse la compra y mientras se
ampliaran las instalaciones del Colegio Militar, se dieron en arriendo a un
tambero vasco que pagó 40 pesos la hectárea. Villafañe indignado declaró en
plena sesión: "Se compró a 11.000 pesos para arrendar a 40. ¿Estos son los
negocios que hace el Estado?" Poco después se pudo determinar que de aquel
millón de pesos, Casás debió repartir casi la mitad en sobornos a funcionarios
que iban desde el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Kaiser, al general
Alonso Baldrich, pasando por el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Uno de los diputados implicados y descubiertos, el radical Víctor
Guillot, decidió suicidarse dejando previamente su parte del soborno a una
amante. El escándalo sacudió al gobierno en general y al propio presidente
Ortiz, firmante del decreto, quien presentó su renuncia.
Los principales acusados fueron condenados a siete años de prisión, pero
lograron huir al Uruguay. Sólo cumplieron prisión algunos diputados que
recibieron los sobornos menos significativos.
El senador Villafañe fue aclamado por sus compañeros decentes, quienes le
brindaron una cena en su honor. A la hora de los agradecimientos y discursos
dijo Villafañe: "En el mismo caso del Palomar hemos visto que la acusación
y la sanción moral de la asamblea sólo han alcanzado a los chicos, y respecto
de los grandes se ha cumplido al pie de la letra lo que dice el verso de
Martín
Fierro:
"La ley es tela de araña,
En mi inorancia lo explico;
No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande
Pues la ruempe el bicho grande
Y solo enrieda a los chicos."
(texto de Felipe Pigna)